El pasado 5 de octubre el gobierno de Pedro Sánchez aprobó, en Consejo de Ministros, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Este decreto fue publicado en el BOE al día siguiente, entró en vigor el día 7 y prohíbe, entre otras cosas, cortar el suministro en todos aquellos hogares acogidos al bono social en los que resida al menos un menor de 16 años, una persona con discapacidad del 33% o superior o una persona en situación de dependencia en grado II y III.

Según las explicaciones dadas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, el objeto de esta medida es “proteger a los consumidores de electricidad, optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica”. Cualquier medida que se tome en beneficio de los consumidores será siempre bien recibida. Tras más de dos semanas de la entrada en vigor de este decreto-ley, sin embargo, hasta ahora nadie ha querido percatarse de las consecuencias negativas que esta decisión está provocando en otros muchos sectores como, por ejemplo, el comercial. Y es que este decreto prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural llevar a cabo acciones de publicidad u ofrecer la contratación de sus productos puerta a puerta. El Gobierno de Sánchez exige así que a partir de ahora cualquier visita de esta índole se produzca siempre que haya sido previamente solicitada por el consumidor.

Esta resolución ha cogido por sorpresa a todas las empresas subcontratadas por las grandes empresas eléctricas y ha provocado una situación preocupante en muchas familias dejando sin empleo de un día para otro a un total de 12.000 trabajadores entre comerciales, administradores, personal de mantenimiento,etc. El gobierno sostiene que la ley ha sido aplicada como medida de seguridad para evitar prácticas abusivas en las ventas, en respuesta a todas las protestas que estaban siendo recibidas en materia de comercialización y para evitar que se produzcan más casos de estafas como los que se venían denunciando desde hacía tiempo.

Sin embargo, la destrucción de los miles de puestos de trabajo que esta medida ha generado es también una realidad que no se puede obviar y sobre la que se debería reflexionar un momento ya que fomentar del consumo va a resultar una labor harto complicada si se incrementa de esta manera el desempleo. Uno de los escasos medios que se ha hecho eco de esta situación ha sido el Nacional.cat que ha tenido acceso a las fuentes afectadas las cuales admiten que “puede haber habido casos de prácticas abusivas”, pero critican el hecho de que “sólo 1 de cada 10 quejas de los consumidores han sido por el puerta a puerta”. Los afectados subrayan que el gobierno no ha tenido en cuenta que otras prácticas como la mala lectura de los contadores han generado el tripe de quejas e insisten en que esta decisión “ha sido tomada sin negociación previa, sin ofrecerles tiempo de reacción y que va contra la libre competencia y la oferta de precios para el consumidor”. Añaden además que las eléctricas no tienen fuerza comercial y que, por lo tanto, “estos servicios puerta a puerta resultan necesarios”.
El colectivo de afectados está creando la plataforma AFVIC (Fuerzas de Ventas e Intermediarios de Comercio) desde la cual invitarán al gobierno a que se siente a hablar con ellos para hacerle ver que “este decreto no tiene ningún sentido” y que es necesario que se proceda a su derogación.