En épocas de fuerte recesión económica, como la actual, el problema de los largos plazos de pago se multiplica, y el retraso generalizado en los pagos obliga a las PYMEs a tomar medidas orientadas a recuperar su equilibrio financiero:

A) Puede intentar incrementar sus plazos de pago a proveedores, cuestión bastante difícil para las PYME por su escaso poder de negociación. En cualquiera de los casos, esta medida lo que hace es incrementar el círculo vicioso, como a mí me pagan más tarde, yo intento pagar más tarde también, pero en este juego siempre salen perdiendo las PYME.

B) Puede tratar de subir los precios para absorber los costes de la financiación, pero en un momento de recesión económica con una caída generalizada de las ventas, es muy difícil incrementar márgenes vía precio sin descontar caídas adicionales de las ventas.

C) Puede querer elevar el endeudamiento para poder financiar el incremento del circulante, con lo que, en caso de conseguido, siempre y cuando la restricción de crédito se lo permita, estará consumiendo la escasa capacidad de financiación que le queda, y a un coste desmedido.

Esta larga tradición de periodos medios de pago tan largos, llamémoslo morosidad, ha condicionado mucho las operaciones comerciales en España, hasta tal punto, que las entidades financieras desarrollaron un amplio elenco de productos destinados a financiar el circulante como el descuento de efectos (letras y pagarés), anticipo de créditos, “confirming”, pólizas de crédito con respaldo de certificaciones, etc., muchos de los cuales son prácticamente desconocidos o muy poco utilizados en los países del entorno.

Además. al coste de financiación de este abultado circulante, se le suma otro problema adicional: el incremento del riesgo de impago.

Todos estos productos han sido diseñados por las entidades financieras para la financiación del circulante como “anticipos”. De esta forma, al vencimiento de la deuda, si ésta no es satisfecha por el deudor, la empresa que ha anticipado el derecho de crédito responde ante el banco del principal del crédito más los gastos de devolución correspondientes.

Esto obliga a la mayoría de las empresas a contratar seguros de crédito, como el de Crédito y Caución, que les garantiza que al vencimiento del crédito, si éste resulta impagado, la compañía de seguros les indemniza un %  del nominal que va del 50% al 80%, pero que también encarece la operación por la prima a pagar.

Lamentablemente, empresas solvente se ven obligadas a cerrar, simplemente porque no pueden obtener financiación a corto plazo para financiar un circulante desproporcionado, ocasionado por unos malos usos comerciales que se han perpetuado en la economía española. A esto hay que añadir, la existencia desde el 2004  de una Ley antimorosidad (Ley 3/2004. de medidas de lucha contra la morosidad en España) que regula un plazo máximo de 60 días, la cual nadie cumple.

Ante estas circunstancias, se está perdiendo una oportunidad histórica para corregir estos malos usos comerciales que, en los momentos actuales, están suponiendo una verdadera pesadilla para la mayoría de las empresas españolas y, sobre todo, para las PYMEs.

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