Tanto el Plan General de Contabilidad, como el adaptado para PYMES, establecen que al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgos valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasiones una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que puedan venir motivados por la insolvencia del deudor (facturas impagadas, créditos impagados).

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El deterioro de valor de los créditos figura en el activo del balance minorando la partida en la que figure el correspondiente elemento patrimonial.

El deterioro por créditos por insolvencias viene recogido en los subgrupos (44) y (49) del PGC.

Lo que hay que analizar es si los gastos contabilizados en las cuentas (694) “Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales”, y (650) “Pérdidas de créditos comerciales incobrables”, cumplen los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para ser fiscalmente deducibles.

Deducción fiscal

Desde el punto de vista fiscal, la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece unos supuestos tasados para la deducibilidad fiscal del deterioro por insolvencias contabilizados, y lo hace a través de una doble lista de causas habilitantes y excluyentes de la efectividad fiscal de la misma.

En concreto, el deterioro por facturas impagadas o créditos impagados son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades si la empresa tiene alguna factura impagada y han transcurrido más de seis meses desde su vencimiento, o si ha reclamado el cobro de deudas por vía judicial, arbitral o notarial contra el deudor, también si éste entra en concurso.

Hasta 2014 existían algunos casos como operaciones con entes públicos, con empresas vinculadas, créditos renovados, deudas garantizadas… en que dichos deterioros no eran deducibles. No obstante, desde 2015 algunas de estas excepciones se han eliminado y otras se han flexibilizado.

¿Qué dice la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades sobre la deducción por insolvencias?

El artículo 13.1 de la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), con efectos desde el 01-01-2015, ha sufrido algún cambio, y establece la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de posibles insolvencias de deudores, siempre y cuando concurra, a la fecha del devengo del impuesto, alguna de las siguientes circunstancias:

a) Hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento de la obligación (créditos morosos)

El plazo para considerar, a efectos fiscales, un crédito como moroso se contará de fecha a fecha, entre la de vencimiento de la obligación y la de devengo del impuesto.

Atención. Si una deuda llega a su vencimiento y se contabiliza un deterioro por falta de pago, dicho deterioro será deducible una vez hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento inicial, aunque mientras tanto (o posteriormente) se acuerden un aplazamiento y un nuevo vencimiento. Hasta 2014, en cambio, si se pactaba un nuevo vencimiento se consideraba que la deuda no estaba vencida, por lo que los posibles deterioros contabilizados dejaban de ser deducibles. 

b) El deudor esté declarado en situación de concurso (créditos concursales)

La situación de concurso viene determinada en la Ley 22/2003 Concursal. Podemos destacar de esta regulación:

  • La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona física o jurídica.
  • Podrán solicitar la declaración de concurso el deudor y cualquiera de sus acreedores. Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación.
  • Una vez publicado en el BOE, el deudor está en situación de concurso y el deterioro del crédito por insolvencias contabilizados tendrá la consideración de gasto fiscal deducible.

c) Créditos en los que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes

El alzamiento de bienes es aquella conducta que realiza un deudor en virtud de la cual disminuye o anula su patrimonio con el fin de frustrar las expectativas de derecho del acreedor al cobro de deudas, y viene regulado como delito en el artículo 257 del actual Código Penal.

La persona que, siendo deudor, oculte o se deshaga total o parcialmente de su patrimonio con la finalidad de que su acreedor no pueda satisfacer su derecho al cobro de deudas de lo que se le debe, incurrirá en un delito de alzamiento de bienes según establece el artículo 257 del Código Penal. Este delito se castiga con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. También se castiga a quien con la misma finalidad de hacer ineficaz la acción de los acreedores “realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, que dilate, dificulte, o impida la eficacia de un embargo, o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación”.

Finalmente señalar que el plazo de prescripción para el tipo básico sería de 5 años (puesto que la pena es de 1 a 4 años de prisión) y la de los tipos agravados de 10 años, ambos a contar desde que se cometieron los actos fraudulentos.

Atención. Desde el momento que el deudor esté procesado por este delito, sin que deba esperarse a que recaiga sentencia judicial, el crédito puede ser considerado como de dudoso cobro.

d) Créditos litigiosos

Se admite la deducción fiscal, cuando las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa el cobro de la deuda.

Causas excluyentes de la deducibilidad fiscal

Sin embargo, aun cuando se dé alguna de las circunstancias anteriores, no tienen la consideración de deducibles las pérdidas por deterioro de créditos derivadas por insolvencias de deudores correspondientes a:

  • Créditos adeudados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía (que sí que serían deducibles).
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley Concursal (hasta 2014 la ley decía que estos deterioros sólo eran deducibles si el deudor era declarado insolvente por un juez).
  • Estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. Si bien, la LIS sí permite, como excepción, la deducción de dotaciones globales por insolvencias a las entidades de reducida dimensión (aquellas empresas que facturan menos de 10 millones de euros) hasta el límite del 1?% sobre los deudores existentes a la conclusión del periodo impositivo (excluidos los que hayan motivado deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles).

Atención. Desaparece la limitación anterior que existía sobre las pérdidas de créditos afianzados y garantizados (por entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca, contratos de seguro de crédito o caución, etcétera), y sobre las de créditos renovados o prorrogados de forma expresa, que ahora sí se podrán deducir.

Desde TKS gestionamos el cobro de deudas desde el inicio, con la devolución del primer recibo hasta las acciones legales necesarias para recuperar el bien y la cantidad adeudada. Cobrar facturas impagadas es posible con Grupo TKS.

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